Joan Miquel Terradas Giol, concejal de Convergència del Ayuntamiento de Breda, denunciado por mobbing inmobiliario

¿No tendrían que dar los políticos ejemplo de comportamiento? ¿No deberían ser los primeros en respetar las leyes y los derechos de los ciudadanos? Por desgracia, esto es una utopía. Todos conocemos casos en los que la conducta de los políticos deja mucho que desear. Uno de estos casos tiene como protagonista a Joan Miquel Terradas Giol, concejal de CiU del Ayuntamiento de Breda (Girona).

Los padres de este concejal han tenido alquilada la masía Can Subirà durante más de treinta años a las señoras Díez y Celis, masía de la que el concejal siempre se desentendió. Pero hete aquí que de pronto le entra un interés inusitado por la casa y decide que las inquilinas le estorban. ¿Qué se hace normalmente cuando se quiere recuperar una casa alquilada? A cualquier ciudadano se le exige que cumpla unas leyes porque los inquilinos tienen unos derechos, ¿no? Pues parece que el concejal Terradas piensa que eso de respetar derechos no va con él porque lo que hace es lo siguiente:

–Julio: Los padres del concejal le dicen a las inquilinas que, aprovechando que ellas en agosto no van a la masía, arreglarán una gotera.

–Septiembre: Al regreso de sus vacaciones, las señoras Díez y Celis advierten el engaño: el concejal Terradas ha desmontado la casa, les ha tirado sus muebles a la leñera y se ha puesto a hacer obras para las que no estaba autorizado. Cuando las inquilinas se dan cuenta de que el concejal no tiene intención de parar las obras, ponen el asunto en manos de un abogado.

–Octubre: El concejal no atiende a ningún requerimiento del abogado. Debe de pensar que su condición de político le da carta blanca para hacer lo que le venga en gana.

–Noviembre: Las inquilinas descubren que ya no pueden entrar en la casa. Terradas ha cambiado las cerraduras, y ha puesto una puerta metálica y una cadena. Les dice que quiere hacer negocio con la masía (alquilarla los fines de semana para hacer barbacoas) y que no les reconoce ningún derecho. Las inquilinas ponen una denuncia en los Mossos d’Esquadra. El asunto entra en la vía judicial.

–Enero: Las inquilinas descubren el comportamiento vandálico del concejal: ha tirado y roto algunos de sus muebles (entre ellos, juguetes antiguos), y los ha dejado a la intemperie, en medio del campo.

–El asunto sigue en la vía judicial (y todo el mundo sabe lo “rápida” que es la justicia). Mientras, el concejal sigue disponiendo de la casa y las inquilinas no saben ni siquiera si el resto de sus muebles han ido a parar a un vertedero.

Encontramos inadmisible esta conducta de asedio, intimidación, menosprecio de los derechos de los ciudadanos y abuso de poder. Se nos ponen los pelos de punta sólo de pensar que alguien puede meterse en tu casa, revolverte todas tus cosas y disponer a su antojo de lo que no es suyo. Terradas está transmitiendo una actitud de prepotencia y autoritarismo, de que todo vale y de que se pueden pisotear impunemente los derechos de los demás. Si quiere hacer negocios, ha de cumplir la ley como el resto de los ciudadanos.

El comportamiento del concejal Terradas dista mucho de los valores defendidos por Artur Mas en las últimas elecciones, destacando entre ellos la honestidad. En su programa electoral constaba lo siguiente: “El desarrollo de responsabilidades públicas comporta de manera inherente el valor de la honestidad, un comportamiento íntegro y de servicio a la comunidad, que deje al margen los intereses de carácter personal”. ¿Conocerá el concejal el programa de su partido? Por lo visto, no.